La Tragedia de lo Común

La anatomía de la corrupción en México

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Los grandes problemas de México encuentran su origen en la corrupción. La violencia rapante, el gobierno ineficaz, la desigualdad, la pobreza, los monopolios… todos estos males encuentran sustento en esta gravísima condición. Pero para poder atacarla debemos entender su naturaleza. Para eso es este intento, para desglosar la compleja anatomía de la corrupción en México y en especial la de su aparato gubernamental.

De acuerdo a Transparencia Mexicana en 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales y municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos, por lo que la tendencia es a la alza. Así el año pasado las famosas mordidas equivalieron unos $2.7 miles de millones de dólares. De acuerdo a BRIBEline en 2010 85% de los casos de sobornos denunciados por ciudadanos mexicanos se destinaron a  autoridades. En 2002 el Banco Mundial estimó que los sobornos en México equivalieron al 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La ONU, tras dos décadas de estudio en materia de corrupción, ha llegado a una serie de importantes conclusiones. De acuerdo a la Organización de la Naciones Unidas en su Manual de Políticas Anticorrupción las siguientes prácticas incentivan y promueven la corrupción:

- Los altos niveles de politización de las instituciones públicas sumada a la incidencia de grupos corporativistas al interior de éstas.

Aquí el comentario sobra. El involucramiento  de sindicatos y otros grupos de interés con los partidos políticos afecta directamente a las instituciones gubernamentales y las entidades paraestatales. Unos ejemplos: Pemex y el STPRM (vinculados directamente al Revolucionario Institucional); el SNTE en la SEP, Lotería Nacional, el ISSSTE (por ahora con el apoyo de Acción Nacional) y los remanentes del SME que siguen rebatiendo la extensión de Luz y Fuerza del Centro al amparo del Partido de la Revolución Democrática. Por poner un ejemplo del lado del empresariado está la incidencia de los conglomerados monopólicos (TELMEX, Televisa) en la Comisión Federal de Competencia, un secreto a voces en nuestro país.

Para que el glacial de la memoria no nos falle, y de pasada aunar más en las implicaciones de la politización de las instituciones en México y la corrupción que genera, el 14 de marzo de 2003 el Instituto Federal Electoral (IFE) multó al PRI por desviar aproximadamente $45 millones de dólares de PEMEX para financiar sus campañas electorales en 2000. La paraestatal petrolera, el IMSS, el ISSSTE, la CFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concentran el 90% de las contrataciones del gobierno federal. Combatir la politización y la corrupción en estas instituciones resulta prioritario.

Y ya que estamos en el campo de la obviedad otra referencia a lo dicho por la ONU resulta muy pertinente. De acuerdo a la Organización la utilización de la corrupción es endémica y no sólo involucra a los gobiernos. Su uso para imponer intereses y alcanzar posiciones de poder involucra tanto a entes privados como al ciudadano común. Por ello existen mediadores con el aparato público cuyas funciones se reducen a estos actos (los famosos “coyotes”).

- La falta de mecanismos operantes de acceso a información pública para la ciudadanía.

La Ley de Transparencia desde su aprobación en el año 2002 ha hecho una conveniente omisión jurisdiccional sobre el Poder Legislativo y el Judicial. Los sindicatos públicos y las empresas paraestatales, que nos la venden como “nuestras”, son otro importante pendiente en este sentido.

- La falta de sistemas de rendición de cuentas en el manejo de los presupuestos gubernamentales aunada a la falta de involucramiento de la sociedad civil organizada en labores de monitoreo autónomo. También en este flanco se observa la falta de agencias independientes en la materia.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sólo en 21 de los 32 estados de la federación hacen públicos sus acuerdos de distribución de recursos federales. Aunque la Ley de Coordinación Fiscal obliga a los estados a ventilar esta información su cumplimiento es sólo un llamado a misa. Esto resulta aún más grave al saber que más del 20% del presupuesto federal lo ejercen autoridades locales (***).

En 2005 la Secretaría de la Función Pública (SFP) estimó que aproximadamente 10% de las licitaciones públicas eran obtenidas por medio de sobornos, lo que representan costos aproximados de $2.3 miles de millones de dólares. Estas nocivas prácticas terminan por traducirse en aumentos de un 20% en el gasto gubernamental y con obras públicas de calidad inferior (un ejemplo de Torreón).

- La corrupción tiende a aumentar de no existir medios efectivos que canalicen las demandas específicas de la sociedad hacia las áreas operativas de las instituciones de gobierno.

- La falta de organismos evaluadores de la calidad de los servicios públicos.

- El exceso de procedimientos burocráticos en el accionar gubernamental.

Para hacernos una idea de la masividad del leviatán burocrático este dato resulta revelador; el aparato de gobierno absorbió en 2009 el 74.49% del total del presupuesto de egresos. Este dinero sale de la múltiple e inútil carga de impuestos que los ciudadanos debemos pagar y de Petróleos Mexicanos. Entre el 2000 y el 2008 12 mil millones de pesos de 15 mil millones fueron destinados al sistema administrativo público. Sólo 2.8% de esos recursos terminaron en proyectos de infraestructura.

- El abuso de la discrecionalidad y la interpretación a conveniencia de las regulaciones del sector público incentivan las prácticas de corrupción.

- La falta de órganos de control y transparencia al interior de las instituciones que persigan de manera sistemática grandes esquemas de corrupción sostenidos por intereses particulares.

- Los pobres mecanismos para contratar, promover y despedir a funcionarios públicos. Esto se traduce en una falta absoluta de meritocracia en el gobierno.

En este punto entra el Servicio Civil de Carrera, una medida implementada desde hace más de una década operada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que funciona como un sistema para instaurar mecanismos de evaluación y monitoreo meritocráticos entre los trabajadores del gobierno federal. El intento sin lugar a duda ha sido noble y sus intenciones genuinamente buscan aminorar las prácticas de nepotismo al interior del gobierno. Pero nuestra clase política no ha perdido el tiempo en tratar de dilapidar al Servicio Civil: se han presentado varios intentos de reforma para que los mandos de delegados, directores adjuntos y directores generales sean removidos de la ley (con 9 intentos de reforma entre 2006 y 2008).

Así habría, por ponerlo de la forma más mundana, más hueso para repartir entre las camarillas políticas que cooptan a las instituciones. Más de 9 mil nombramientos entre enero del 2007 y junio del 2008 se dieron amparados bajo el artículo 34° que establece los nombramientos estratégicos sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección. Este recurso -o conveniente laguna- se utilizó cuatro veces más en ese periodo con respecto a 2006.

Al sistema le hace falta transparencia y rendición de cuentas. Prueba de ello es que en 2005 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó mil 524 concursos declarados ganados y en 79 de ellos el postulante más calificado no fue elegido (contralínea.com). En ese mismo año el sistema trabajaen.gob.mx registró 64 mil 775 aspirantes sin embargo las 17 dependencias dónde estaban las plazas a concurso no dieron a conocer información alguna sobre la materia.

Si la profesionalización a nivel federal requiere de una revisión a fondo, a nivel local no existen siquiera mecanismos. Sólo 22% de los gobiernos municipales cuentan con áreas de recursos humanos (Encuesta Nacional a Gobiernos Municipales 2004).

- La falta de involucramiento de los servidores públicos en los procesos de toma de decisión en sus respectivas instituciones.

En el gobierno las decisiones son tomadas por las dirigencias políticas y sindicales, imponiendo sus medidas de forma vertical, sin ninguna rendición de cuentas o exposición de motivos y objetivos a sus bases operativas y administrativas.

Pero este no es el único problema de disparidad y verticalismo al interior de la burocracia. La desigualdad en el ingreso entre los altos funcionarios y el resto de sus colaboradores es algo preocupante. El 2.9% de los funcionarios de la burocracia federal acaparará, durante 2011, 22% del presupuesto para sueldos y prestaciones de 18 secretarías de Estado, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Presidencia de la República. Esto quiere decir que 31 mil 611 servidores públicos ganan entre uno y 3.3 millones de pesos al año (eluniversal.com.mx). Esta oligarquía dirigente captará en este año más de un millón de pesos en ingresos per cápita en promedio, lo que suma 52 mil millones de pesos en total. Este tema además se relaciona con uno de los puntos planteados por la ONU; el de el manejo discrecional de las regulaciones del aparato público para beneficios individuales y de camarillas.

- La ausencia de prácticas gerenciales orientadas hacia resultados en los servicios públicos.

- La existencia de un sistema judicial inoperante en todos sus niveles (desde policías hasta jueces).

De este tema los mexicanos sabemos y mucho. Los realizadores de Presunto Culpable hicieron en 2005 un documental titulado El Túnel, una muy necesitada denuncia sobre el sistema procesal penal y penitenciario en nuestro país (que es sólo una parte del horror que representa nuestro Poder Judicial):

Para cerrar otras observaciones de las Naciones Unidas:

En los países dónde el riesgo de castigo es mínimo se genera un caldo de cultivo para el crecimiento de la corrupción. Cuando la ciudadanía en democracia se informa vía sus medios de comunicación de la corrupción (por tipos, niveles, formas) y se enteran de esta ausencia de aplicación y cumplimiento de la ley, tienden a incurrir más en estos actos. Los gobiernos muy centralistas (como el mexicano) cuyas instituciones no gozan de autonomía y de rendición de cuentas tienden a los conflictos entre grupos de poder y se convierten en medios idóneos para este mal tan grave.

También recomienda instaurar sistemas de rendición de cuenta horizontal en el que no se impongan las más altas esferas gubernamentales. Y aquí entra el último elemento que resultará clave para nuestro futuro como nación: la sociedad civil. El monitoreo e involucramiento de ésta sobre el accionar gubernamental resultará vital para que exista una vigilancia autónoma e imparcial. La sociedad civil debe tener representación en comités mixtos de las instituciones de gobierno para dar seguimiento a temas como el manejo de recursos públicos, el personal administrativo, inversión pública y canales de información eficaces con la ciudadanía.

 

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